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El registro de transparencia y beneficiarios finales (RTBF) es la base de datos en la que toda persona jurídica y estructura jurídica domiciliada en Costa Rica declara quiénes son sus accionistas y qué personas físicas la controlan. Fue creada por la Ley 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, es custodiada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y se presenta a través de la plataforma Central Directo. No declarar tiene un costo concreto: una multa del 2% de los ingresos brutos del período fiscal anterior, con un mínimo de tres y un máximo de cien salarios base, además del bloqueo de las certificaciones de personería jurídica en el Registro Nacional.
Ese bloqueo registral es lo que suele mover a las juntas directivas. Sin certificación de personería ni inscripción de documentos, una sociedad tiene dificultades para formalizar un crédito, inscribir una compraventa o acreditar su representación en una licitación. Por eso el RTBF funciona en la práctica como una obligación operativa de la empresa, más allá de su origen tributario.
¿Qué es el RTBF y para qué lo usa el Estado?
El RTBF es un sistema informático desarrollado por el BCCR que recibe, almacena y protege la información sobre la propiedad y el control de las personas jurídicas del país. El capítulo II de la Ley 9416, del 14 de diciembre de 2016, le asigna al Banco Central la custodia de esos datos y le ordena habilitar accesos controlados a dos instituciones: el Ministerio de Hacienda, para fines tributarios, y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
La ley aclara que esta información no está amparada por el secreto bancario, pero sí es confidencial bajo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Solo puede usarse en actuaciones de control tributario, planes de gestión de riesgo de la Dirección General de Tributación, intercambio internacional de información o investigaciones del ICD. El sistema registra pistas de auditoría con el usuario, la fecha y los datos consultados en cada acceso.
El reglamento vigente es el Decreto Ejecutivo 41040-H, reformado en marzo de 2024, y el procedimiento de detalle lo fija una resolución conjunta de alcance general de la Dirección General de Tributación y el ICD, cuya versión actual se publicó en La Gaceta el 19 de septiembre de 2024.
Quién es beneficiario final según la Ley 9416
La Ley 9416 define al beneficiario final como la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona jurídica. Ese control puede venir de tener la mayoría de los derechos de voto, del derecho a nombrar o remover a la mayor parte de la junta directiva o de una cláusula de los estatutos que le otorga el control de la empresa.
El umbral de participación sustantiva lo fija el reglamento dentro del rango que permite la ley, entre 15% y 25% del capital. La normativa costarricense lo fijó en el 15%. La resolución conjunta establece una cascada: primero se identifica a quien controla por participación directa o indirecta en el capital. Si nadie aparece por esa vía, se identifica a quien controla por otros medios. Si tampoco es posible, se declara como beneficiario final a quien ocupa el puesto directivo superior de la sociedad. Siempre debe quedar al menos una persona física identificada.
El punto que más trabajo genera son los socios extranjeros. Si una sociedad domiciliada en el exterior tiene 15% o más del capital, la empresa costarricense debe identificar a todos los participantes de esa sociedad hasta llegar a la persona física. Cuando eso resulta imposible, el representante legal firma una declaración jurada explicando por qué y conserva la documentación de la debida diligencia que realizó.

Quién debe declarar, qué declara y cuándo
El artículo 5 de la Ley 9416 obliga a las personas jurídicas y estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal. El artículo 6 amplía la lista a fideicomisos privados, administradores de recursos de terceros y organizaciones sin fines de lucro que recaudan o desembolsan fondos. La resolución de 2024 incorporó expresamente a cooperativas, asociaciones solidaristas y asociaciones mutualistas.
| Quién declara | Qué declara | Cuándo |
| Personas jurídicas con cédula jurídica: sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales de empresas extranjeras | La totalidad de las participaciones del capital social, su composición y los beneficiarios finales por participación o por otros medios de control | Declaración ordinaria anual en abril (en 2026, del 1 al 30 de abril) |
| Sociedades recién inscritas, transformadas o resultantes de una fusión con cédula nueva | La misma información que la declaración ordinaria | Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la inscripción en el Registro Nacional |
| Fideicomisos privados (los públicos están excluidos) | Objeto del contrato, fideicomitente, fiduciario y beneficiarios | Declaración ordinaria anual |
| Organizaciones sin fines de lucro que recaudan o desembolsan fondos | Propósito, junta directiva, cuerpo gerencial, ingresos y egresos, donantes y destinatarios por montos iguales o superiores a un salario base | Declaración ordinaria anual |
| Cualquier obligado con cambios en su estructura | Declaración extraordinaria: un socio alcanza o supera el 15%, cambian los beneficiarios por otros medios de control, hay fusión o aumento de capital | Dentro de los 15 días hábiles siguientes al cambio |
Dos exclusiones conviene tener claras. Las sociedades cuyas acciones cotizan en un mercado de valores organizado se rigen por la normativa bursátil. Y las entidades supervisadas por la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN no reportan a sus depositantes en el RTBF, aunque la propia entidad sí declara sus accionistas.
El calendario no siempre ha sido fijo. En 2024, la reforma del reglamento y la nueva resolución conjunta trasladaron la declaración ordinaria a octubre de ese año. Para 2026 la ventana volvió a abril. Consulta cada año el anuncio oficial de Hacienda antes de planificar.
Cómo se presenta la declaración en Central Directo
Todo el trámite se realiza en Central Directo, el portal del Banco Central. El representante legal necesita un certificado de firma digital para persona física de la jerarquía nacional de certificadores, una suscripción activa en el portal y un correo electrónico registrado, que es el canal oficial para notificar cualquier acto, incluido el procedimiento sancionador.
En la declaración ordinaria, el sistema precarga la información más reciente presentada. Si nada cambió, basta con confirmarla y enviarla, pero la empresa debe tener actualizados los documentos de respaldo por si la Administración Tributaria los requiere. En 2026 la declaración la puede presentar el representante legal o un apoderado generalísimo. Los poderes especiales ya no se aceptan.
¿Qué pasa si una empresa no declara el RTBF?
La sanción está en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que la Ley 9416 incorporó. La Dirección General de Tributación impone una multa del 2% de los ingresos brutos del período del impuesto sobre las utilidades anterior a la infracción, con un piso de tres salarios base y un techo de cien. Lo recaudado se deposita a nombre del ICD.
Antes de multar, Tributación apercibe al obligado y le concede tres días hábiles para cumplir, prorrogables por un plazo igual con solicitud motivada. Si el incumplimiento se mantiene, se activan las consecuencias no pecuniarias: el Registro Nacional no emite certificaciones de personería jurídica ni inscribe documentos a favor de la empresa, y los notarios deben consignar en sus documentos que la sociedad incumple la Ley 9416. El BCCR y Tributación mantienen un sistema de consulta pública para verificar quién está al día.
El RTBF y la debida diligencia sobre terceros
Identificar a los beneficiarios finales es el mismo ejercicio que exige cualquier sistema de prevención del lavado de activos: conocer quién está detrás de la contraparte. En Costa Rica, la Ley 8204 sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo impone a los sujetos obligados políticas de conozca a su cliente, y el RTBF le da al ICD una fuente oficial para contrastarlas. En Colombia la lógica es idéntica bajo el SAGRILAFT y el SARLAFT, donde la identificación del beneficiario final es parte de la debida diligencia.
Esto cambia la forma de ver el trámite. La empresa que ya mantiene un mapa de propiedad de sus clientes y proveedores tiene la mitad del RTBF resuelto, porque aplica el mismo criterio del 15% a su propia estructura. Y la que declara su RTBF con rigor puede exigir el mismo estándar a sus contrapartes en el proceso de evaluación de terceros. La persona que suele coordinar ambas tareas es el oficial de cumplimiento, cuando la empresa tiene uno designado.
El mapa de propiedad contiene datos personales de los accionistas, así que su almacenamiento interno también queda bajo la Ley 8968 de protección de datos de Costa Rica.
Cómo sostener el RTBF todo el año con un software GRC
La declaración ordinaria del RTBF se presenta una vez al año, en abril, y se puede preparar con tiempo. El riesgo está en el resto del año: si un socio supera el 15% de participación, si hay un aumento de capital o si cambia el control de la sociedad por otra vía, la empresa debe presentar una declaración extraordinaria dentro de los 15 días hábiles siguientes. Ese plazo solo se cumple si alguien en finanzas o en legal se entera del cambio a tiempo, y en grupos con sociedades de tenencia en Panamá o Delaware esa información rara vez llega por sí sola a quien debe declarar.
Para un gerente financiero que administra diez o veinte cédulas jurídicas, la diferencia entre una hoja de cálculo y un sistema con trazabilidad es saber, en cualquier fecha, qué sociedad está al día y cuál tiene un cambio pendiente de declarar.
Este contenido tiene fines informativos y no reemplaza la asesoría de un abogado o asesor tributario en Costa Rica. La información se verificó el 28 de septiembre de 2026 contra la Ley 9416 y el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Confirma plazos y requisitos del período vigente en el documento de preguntas frecuentes del Ministerio de Hacienda y en la sección RTBF del ICD antes de tomar decisiones.
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